Antes de comenzar con el análisis del proyecto de ley, creo que es útil recordar la realidad que se vive en otros países en que leyes como esta han sido aprobadas.
Rocco Buttiglione es filósofo, académico, presidente en Italia del partido democratacristiano UDC y ministro italiano de Políticas Comunitarias. Por sus declaraciones sobre la homosexualidad han presionado al presidente de la Comisión Europea para que Buttiglione no fuese comisario europeo de Justicia y Libertades: “¿Por qué alguien que dice que la enseñanza sexual cristiana es aberrante, como el presidente del Europarlamento (el español Josep Borrell), puede ocupar ese puesto y uno que piensa que la homosexualidad quizá es un pecado no puede desempeñar un cargo? -pregunta Buttiglione- En nombre de la no discriminación, me han discriminado por ser católico”.
Buttiglione explica porqué se ha llegado al punto de discriminar por razones religiosas: “En Europa se está intentando imponer una moral de parte, según la cual la homosexualidad no tiene nada que pueda ser objetado; ése es el nuevo dogma. También está vetado pensar que hay diferencia entre el bien y el mal, profundizar en los temas y decir que una cosa es mala. –explica Buttiglione- Se quiere una democracia fundada en el relativismo ético absoluto, lo cual es peligroso”. Además asegura que “está claro que nosotros [los cristianos] no queremos imponer nuestra verdad, pero en cuestiones controvertidas tenemos derecho a dar nuestra opinión y a participar en el debate, respetando las reglas de la democracia”.
El 14 de marzo del presente año, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley sobre crímenes de homofobia, que ingresó en el
Senado donde debe ser ratificado.
El proyecto que penaliza “los crímenes resultantes de la discriminación o preconceptos sobre género, sexo, orientación sexual e identidad de género” (art. 1), modifica, entre otros, el Código Penal, la Ley contra el racismo y el Código de Trabajo.
El texto, según los especialistas, es inconstitucional porque viola el principio de igualdad ante la ley otorgando privilegios a los homosexuales.
En concreto viola el derecho a la libertad religiosa, el derecho de los padres a la educación de los hijos y el derecho a la libertad de enseñanza porque impide toda opinión o manifestación de convicciones contrarias al homosexualismo “de orden moral, ético o filosófico” -en público o en privado-, bajo pena de tres a cinco años de prisión y multa. Todo indica que caería bajo esta figura, por ejemplo, la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica.
El arzobispo de Liverpool, Mons. Patrick Nelly, comunicó a los fieles católicos de su arquidiócesis y a los padres de familia del colegio católico St. Cecilia's Primary School que no puede apartar de su cargo al director de la escuela, Charles Coyne, que se registró como “pareja homosexual” con otro profesor del mismo colegio. El escándalo se agrava porque la reunión social posterior se realizó en un salón parroquial. (Recordamos que la asociación católica Caballeros de Colón en Canadá, enfrenta un juicio por “discriminación” por negarse a alquilar un salón para el festejo de una unión lésbica).
Los abogados de la arquidiócesis informaron que debido a la legislación “antidiscriminatoria” llamada Sexual Orientation Regulations (SOR's) impuesta durante el gobierno de Tony Blair, no se pueden tomar medidas contra el director de la escuela católica, aunque su comportamiento atente pública y escandalosamente en contra de la doctrina católica.
Catholic Care, la principal agencia católica de adopción del Reino Unido, anunció que concluye su servicio debido al requisito impuesto por ley
(SOR’s) de entregar obligatoriamente niños en adopción a las parejas homosexuales.
Una decisión similar tomó en USA la agencia de adopciones Boston Catholic Charities que concluyó sus servicios en marzo de 2006, cuando el estado de Massachussets trató de obligarla a ser cómplice en la adopción de niños por homosexuales.
Para el Cardenal Cormac Murphy O'Connor, primado de Inglaterra y Gales, las medidas del gobierno de Tony Blair que empeorarán con el actual gobierno de Gordon Brown, son un paso más en contra de la libertad religiosa.
Life Site recoge un comentario del Cardenal Murphy O'Connor a la BBC, “las Sexual Orientation Regulations (SOR's) son parte de un movimiento para expulsar a los cristianos de la vida pública. La Iglesia Católica y sus servicios de adopción quieren actuar según sus principios y su conciencia pero el gobierno le dice: ‘No te lo permitiremos. No hay espacio para ti en nuestra sociedad. Tú no tienes espacio en la vida pública de este país’”.
Para estos días se espera el cierre de Catholic Caring Services, la agencia de adopción de la diócesis de Lancaster como lo da a entender el obispo del lugar, Mons. Patrick O'Donoghue, en una reciente carta.
El Presidente de la Sociedad Brasileña de Hematología y Hemoterapia, Carlos Chiattone, criticó la decisión judicial que prohíbe a los hemocentros de todo Brasil indagar sobre las conductas sexuales de los eventuales donantes y los obliga a admitir donaciones de homosexuales, arriesgando a miles de personas enfermas que necesiten recurrir a los bancos de sangre.
Un juzgado federal, a pedido del Ministerio Público, sentenció que los bancos de sangre están prohibidos de entrevistar a los donantes sobre su orientación sexual o hábitos sexuales. La medida respondió a un reclamo de los activistas homosexuales que alegaron ser discriminados como donantes de sangre.
Chiattone considera que la decisión es muy preocupante y “puede representar un enorme retroceso en la seguridad de la transfusión sanguínea en el país”.
El pastor pentecostal Ake Green ha sido condenado a un mes de cárcel en Suecia por haber descrito así la homosexualidad en un sermón: “anormal, un horrible tumor canceroso
en el cuerpo de la sociedad”. Pese a que no se insultaba a las personas con atracción sexual por el mismo sexo, Green fue acusado tras su sermón, en enero, y condenado ahora a un mes de cárcel según una antigua ley contra la “invitación a la violencia”. Básicamente, su sermón consistía en citar lo que la Biblia dice de la homosexualidad, en concreto 1 Corintios 6,9: “los homosexuales no heredarán el Reino de Dios”.
Líderes pentecostales y evangélicos de Suecia, citados por Ecumenical News International, creen que la pena de cárcel establece “un grave precedente contra la libertad religiosa y la libertad de expresión” y recuerdan que cuando los líderes homosexuales atacan o insultan a las iglesias “nunca han recibido ninguna censura o pena”.
Los casos anteriores nos alertan sobre una posible agenda a favor de las demandas de grupos homosexuales que, aparentemente, buscan privilegios por sobre los de la mayoría. No se trata sólo de que sus derechos sean reconocidos, sino de posicionarse como una opción lícita e, incluso, de tener la libertad de fomentar ese tipo de conducta.
El primer intento en Chile fue el “Proyecto de ley de fomento a la no discriminación y contrato de unión civil entre personas del mismo sexo” (Boletín 3283 del 10 de julio de 2003) que no fue tramitado porque la segunda parte del título fue demasiado preciso y alertó a los parlamentarios y organizaciones civiles que no aceptan ni el contrato civil, ni el matrimonio, ni la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Ante su fracaso Móvilh retiró el proyecto, pero volvió a la carga el año 2005 con el “Proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación” (Boletín 3815-07), que actualmente se encuentra en el segundo trámite constitucional en nuestro Parlamento y que se considera una primera etapa para lograr sus objetivos.
Al analizar lo que ha ocurrido en algunos países en que la agenda homosexual se encuentra más “avanzada” es posible distinguir tres fases. En la primera, los activistas homosexualistas piden una serie de “derechos” que los “equiparen” a la familia. Así, comienzan por exigir ley de uniones que incluyan a los homosexuales, luego el matrimonio homosexual, siguen con la adopción de niños para terminar con una “ley de género”, que redefina legalmente lo que significa ser hombre o mujer, permitiendo que éstos conceptos dependan no de la genética sino de la voluntad de cada uno (ser hombre, mujer, homosexual, lesbiana, bisexual, transexual, etc.). Todas estas serían “identidades sexuales”, libremente asumidas y cambiantes.
En una segunda fase se pide que haya una educación sexual o de valores en las escuelas en clave homosexual. Los activistas visitan los colegios y desarrollan con los niños diversos juegos: “Juan, imagínate que estás casado con Pedro, ¿cómo se pasean por la calle? Muy bien, tomados de la mano”. Se enseña a los niños que los opositores a la homosexualidad son malos o tontos y se les invita a “experimentar”: “Juan, ¿qué te gusta más, los niños o las niñas?” Un ejemplo bastante extendido es la campaña escolar GLSEN (Gay Lesbian Straight Education Network).
La tercera y última fase es el cerrojo que sirve para no dar pie atrás en lo logrado en las anteriores fases: Establecer leyes que definan toda crítica a la homosexualidad como un delito de opinión que debe castigarse penalmente.
El actual proyecto de ley, en su artículo 3º, considera discriminación toda distinción, exclusión o restricción fundada en motivos, entre otros, de sexo, género u orientación sexual. Los afectados por esta discriminación poseen una acción especial de no discriminación que se interpone directamente ante la Corte de Apelaciones (como un recurso especial de protección), quién podrá multar hasta por 100 UTM al demandado. Del mismo modo, se modifica el Código Penal en el que se establecen penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio.
Como se ve, las repercusiones finales de una ley de no discriminación como la propuesta van mucho más allá de lo que a simple vista se aprecia. Es posible que, amparados en la no discriminación, se discrimine a las personas por ser cristianas o por pensar distinto a algunos grupos que se refugiarán en esta ley.
Desde una perspectiva más formal, podemos afirmar que esta ley vulnera la libertad de educación, religiosa, de expresión y de igualdad ante la ley, entre otras. Por otro lado, esta ley da por sentado que todos debemos asumir como válidas las desviaciones sexuales, castigando con sanciones pecuniarias y penales a cualquiera que se pronuncie contra dichas tendencias.
Como se ha dicho hasta el cansancio, esta ley no ha sido impulsada por la ciudadanía, sino por el lobby gay. Esa es la razón por la cual el proyecto no sanciona discriminaciones arbitrarias como las que se comenten contra el que está por nacer.
El rechazo de esta ley no implica un rechazo a las personas con tendencia homosexual. Creemos y defendemos que todas las personas son iguales en dignidad y derechos, y que todas merecen igual respeto. La discriminación contra cualquier persona, incluida una homosexual, son reprochables; pero ello no significa que deba crearse un estatuto especial que termine por vulnerar los derechos de quienes piensan distinto.
Rocco Buttiglione es filósofo, académico, presidente en Italia del partido democratacristiano UDC y ministro italiano de Políticas Comunitarias. Por sus declaraciones sobre la homosexualidad han presionado al presidente de la Comisión Europea para que Buttiglione no fuese comisario europeo de Justicia y Libertades: “¿Por qué alguien que dice que la enseñanza sexual cristiana es aberrante, como el presidente del Europarlamento (el español Josep Borrell), puede ocupar ese puesto y uno que piensa que la homosexualidad quizá es un pecado no puede desempeñar un cargo? -pregunta Buttiglione- En nombre de la no discriminación, me han discriminado por ser católico”.
Buttiglione explica porqué se ha llegado al punto de discriminar por razones religiosas: “En Europa se está intentando imponer una moral de parte, según la cual la homosexualidad no tiene nada que pueda ser objetado; ése es el nuevo dogma. También está vetado pensar que hay diferencia entre el bien y el mal, profundizar en los temas y decir que una cosa es mala. –explica Buttiglione- Se quiere una democracia fundada en el relativismo ético absoluto, lo cual es peligroso”. Además asegura que “está claro que nosotros [los cristianos] no queremos imponer nuestra verdad, pero en cuestiones controvertidas tenemos derecho a dar nuestra opinión y a participar en el debate, respetando las reglas de la democracia”.
El 14 de marzo del presente año, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley sobre crímenes de homofobia, que ingresó en el
Senado donde debe ser ratificado.El proyecto que penaliza “los crímenes resultantes de la discriminación o preconceptos sobre género, sexo, orientación sexual e identidad de género” (art. 1), modifica, entre otros, el Código Penal, la Ley contra el racismo y el Código de Trabajo.
El texto, según los especialistas, es inconstitucional porque viola el principio de igualdad ante la ley otorgando privilegios a los homosexuales.
En concreto viola el derecho a la libertad religiosa, el derecho de los padres a la educación de los hijos y el derecho a la libertad de enseñanza porque impide toda opinión o manifestación de convicciones contrarias al homosexualismo “de orden moral, ético o filosófico” -en público o en privado-, bajo pena de tres a cinco años de prisión y multa. Todo indica que caería bajo esta figura, por ejemplo, la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica.
El arzobispo de Liverpool, Mons. Patrick Nelly, comunicó a los fieles católicos de su arquidiócesis y a los padres de familia del colegio católico St. Cecilia's Primary School que no puede apartar de su cargo al director de la escuela, Charles Coyne, que se registró como “pareja homosexual” con otro profesor del mismo colegio. El escándalo se agrava porque la reunión social posterior se realizó en un salón parroquial. (Recordamos que la asociación católica Caballeros de Colón en Canadá, enfrenta un juicio por “discriminación” por negarse a alquilar un salón para el festejo de una unión lésbica).
Los abogados de la arquidiócesis informaron que debido a la legislación “antidiscriminatoria” llamada Sexual Orientation Regulations (SOR's) impuesta durante el gobierno de Tony Blair, no se pueden tomar medidas contra el director de la escuela católica, aunque su comportamiento atente pública y escandalosamente en contra de la doctrina católica.
Catholic Care, la principal agencia católica de adopción del Reino Unido, anunció que concluye su servicio debido al requisito impuesto por ley
(SOR’s) de entregar obligatoriamente niños en adopción a las parejas homosexuales.Una decisión similar tomó en USA la agencia de adopciones Boston Catholic Charities que concluyó sus servicios en marzo de 2006, cuando el estado de Massachussets trató de obligarla a ser cómplice en la adopción de niños por homosexuales.
Para el Cardenal Cormac Murphy O'Connor, primado de Inglaterra y Gales, las medidas del gobierno de Tony Blair que empeorarán con el actual gobierno de Gordon Brown, son un paso más en contra de la libertad religiosa.
Life Site recoge un comentario del Cardenal Murphy O'Connor a la BBC, “las Sexual Orientation Regulations (SOR's) son parte de un movimiento para expulsar a los cristianos de la vida pública. La Iglesia Católica y sus servicios de adopción quieren actuar según sus principios y su conciencia pero el gobierno le dice: ‘No te lo permitiremos. No hay espacio para ti en nuestra sociedad. Tú no tienes espacio en la vida pública de este país’”.
Para estos días se espera el cierre de Catholic Caring Services, la agencia de adopción de la diócesis de Lancaster como lo da a entender el obispo del lugar, Mons. Patrick O'Donoghue, en una reciente carta.
El Presidente de la Sociedad Brasileña de Hematología y Hemoterapia, Carlos Chiattone, criticó la decisión judicial que prohíbe a los hemocentros de todo Brasil indagar sobre las conductas sexuales de los eventuales donantes y los obliga a admitir donaciones de homosexuales, arriesgando a miles de personas enfermas que necesiten recurrir a los bancos de sangre.
Un juzgado federal, a pedido del Ministerio Público, sentenció que los bancos de sangre están prohibidos de entrevistar a los donantes sobre su orientación sexual o hábitos sexuales. La medida respondió a un reclamo de los activistas homosexuales que alegaron ser discriminados como donantes de sangre.
Chiattone considera que la decisión es muy preocupante y “puede representar un enorme retroceso en la seguridad de la transfusión sanguínea en el país”.
El pastor pentecostal Ake Green ha sido condenado a un mes de cárcel en Suecia por haber descrito así la homosexualidad en un sermón: “anormal, un horrible tumor canceroso
en el cuerpo de la sociedad”. Pese a que no se insultaba a las personas con atracción sexual por el mismo sexo, Green fue acusado tras su sermón, en enero, y condenado ahora a un mes de cárcel según una antigua ley contra la “invitación a la violencia”. Básicamente, su sermón consistía en citar lo que la Biblia dice de la homosexualidad, en concreto 1 Corintios 6,9: “los homosexuales no heredarán el Reino de Dios”.Líderes pentecostales y evangélicos de Suecia, citados por Ecumenical News International, creen que la pena de cárcel establece “un grave precedente contra la libertad religiosa y la libertad de expresión” y recuerdan que cuando los líderes homosexuales atacan o insultan a las iglesias “nunca han recibido ninguna censura o pena”.
Los casos anteriores nos alertan sobre una posible agenda a favor de las demandas de grupos homosexuales que, aparentemente, buscan privilegios por sobre los de la mayoría. No se trata sólo de que sus derechos sean reconocidos, sino de posicionarse como una opción lícita e, incluso, de tener la libertad de fomentar ese tipo de conducta.
El primer intento en Chile fue el “Proyecto de ley de fomento a la no discriminación y contrato de unión civil entre personas del mismo sexo” (Boletín 3283 del 10 de julio de 2003) que no fue tramitado porque la segunda parte del título fue demasiado preciso y alertó a los parlamentarios y organizaciones civiles que no aceptan ni el contrato civil, ni el matrimonio, ni la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Ante su fracaso Móvilh retiró el proyecto, pero volvió a la carga el año 2005 con el “Proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación” (Boletín 3815-07), que actualmente se encuentra en el segundo trámite constitucional en nuestro Parlamento y que se considera una primera etapa para lograr sus objetivos.
Al analizar lo que ha ocurrido en algunos países en que la agenda homosexual se encuentra más “avanzada” es posible distinguir tres fases. En la primera, los activistas homosexualistas piden una serie de “derechos” que los “equiparen” a la familia. Así, comienzan por exigir ley de uniones que incluyan a los homosexuales, luego el matrimonio homosexual, siguen con la adopción de niños para terminar con una “ley de género”, que redefina legalmente lo que significa ser hombre o mujer, permitiendo que éstos conceptos dependan no de la genética sino de la voluntad de cada uno (ser hombre, mujer, homosexual, lesbiana, bisexual, transexual, etc.). Todas estas serían “identidades sexuales”, libremente asumidas y cambiantes.
En una segunda fase se pide que haya una educación sexual o de valores en las escuelas en clave homosexual. Los activistas visitan los colegios y desarrollan con los niños diversos juegos: “Juan, imagínate que estás casado con Pedro, ¿cómo se pasean por la calle? Muy bien, tomados de la mano”. Se enseña a los niños que los opositores a la homosexualidad son malos o tontos y se les invita a “experimentar”: “Juan, ¿qué te gusta más, los niños o las niñas?” Un ejemplo bastante extendido es la campaña escolar GLSEN (Gay Lesbian Straight Education Network).La tercera y última fase es el cerrojo que sirve para no dar pie atrás en lo logrado en las anteriores fases: Establecer leyes que definan toda crítica a la homosexualidad como un delito de opinión que debe castigarse penalmente.
El actual proyecto de ley, en su artículo 3º, considera discriminación toda distinción, exclusión o restricción fundada en motivos, entre otros, de sexo, género u orientación sexual. Los afectados por esta discriminación poseen una acción especial de no discriminación que se interpone directamente ante la Corte de Apelaciones (como un recurso especial de protección), quién podrá multar hasta por 100 UTM al demandado. Del mismo modo, se modifica el Código Penal en el que se establecen penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio.
Como se ve, las repercusiones finales de una ley de no discriminación como la propuesta van mucho más allá de lo que a simple vista se aprecia. Es posible que, amparados en la no discriminación, se discrimine a las personas por ser cristianas o por pensar distinto a algunos grupos que se refugiarán en esta ley.
Desde una perspectiva más formal, podemos afirmar que esta ley vulnera la libertad de educación, religiosa, de expresión y de igualdad ante la ley, entre otras. Por otro lado, esta ley da por sentado que todos debemos asumir como válidas las desviaciones sexuales, castigando con sanciones pecuniarias y penales a cualquiera que se pronuncie contra dichas tendencias.
Como se ha dicho hasta el cansancio, esta ley no ha sido impulsada por la ciudadanía, sino por el lobby gay. Esa es la razón por la cual el proyecto no sanciona discriminaciones arbitrarias como las que se comenten contra el que está por nacer.
El rechazo de esta ley no implica un rechazo a las personas con tendencia homosexual. Creemos y defendemos que todas las personas son iguales en dignidad y derechos, y que todas merecen igual respeto. La discriminación contra cualquier persona, incluida una homosexual, son reprochables; pero ello no significa que deba crearse un estatuto especial que termine por vulnerar los derechos de quienes piensan distinto.
